Conclusiones de Comisión Investigadora por caso IPC cuestiona proceder del director nacional del INE

Seis conclusiones y dos recomendaciones son el resultado del trabajo realizado durante los 90 días de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para el denominado caso IPC que fue dado a conocer a la opinión pública en mayo por el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo junto al ministro de Economía de ese momento, José Ramón Valente.

En dicha oportunidad ambas autoridades sorprendieron al revelar que estaban en curso un sumario interno y una investigación por la denuncia hecha en el Ministerio Público por supuestas "manipulaciones" del Índice de Precios al Consumidor (IPC) detectadas en agosto, septiembre y noviembre de 2018.

Dado el carácter de reservadas de ambas investigaciones, no se entregaron más detalles, pero se anunció el "alejamiento" de sus funciones de uno de los principales inculpados. En más de una oportunidad se aseguró, por parte de las autoridades, tener antecedentes sobre quién habría realizado dichas "manipulaciones" que en definitiva se hicieron mediante la alteración de precios de algunas variedades, siendo las más llamativas las modificaciones realizadas sobre 626 registros en el cálculo del IPC de agosto.

Esto gatilló que se filtrara el cargo y nombre de quien resultaría ser el principal inculpado: el jefe de precios, Felipe López. Este hecho fue uno de los focos de la investigación parlamentaria, por lo que en dos oportunidades fue citado Pattillo para explicar su manera de proceder.

Cuestionamientos a Pattillo

A la luz de la evidencia recopilada en las 12 sesiones de la instancia parlamentaria, liderada por el PS, Jaime Naranjo, se concluyó que "la dirección del Instituto adoleció de suficiente prudencia para ponderar los hechos", que llevaron a Patillo a acudir a la unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) y apuntan a que dichas denuncias aparecen como "insuficientemente fundadas e incluso precipitadas".

El informe comienza reconociendo que los hechos "informados y denunciados" por Pattillo "aparecen como graves" dado que afectan la credibilidad" y la reputación de le entidad ante el mercado y la ciudadanía "en materia de indicadores económicos de alto impacto en la vida cotidiana de las personas". Y hace notar que "la gravedad asignada a los hechos se encuentra directamente relacionada con la veracidad de los mismos o con la interpretación que se les asignen".

En esta dirección el informe advierte que no se logró dilucidar "completamente" que las "supuestas manipulaciones hayan afectado el cálculo del IPC durante los meses cuestionados, en tanto diversos expertos han observado que la imputación estadística forma parte de las labores comprendidas en el proceso de determinación del indicador. Por lo anterior, antes que manipulación de los datos, las conductas impugnadas por la dirección del Instituto habrían sido parte de una etapa habitual del trabajo estadístico, avalada y regulada rigurosamente por normas internacionales de general aceptación".

Otro aspecto que abordan fue la necesidad de empoderar al INE otorgándole mayor independencia del poder político junto a una gestión autónoma de sus recursos y de sus prioridades.

"Como una entidad de carácter predominantemente técnico, el INE no debe estar sujeto a los intereses particulares de un sector político ni a los altibajos de la contingencia, pues debe concentrar sus esfuerzos en cumplir con precisión, oportunidad y veracidad los objetivos que la ley le asigna y la sociedad le exige".

Las recomendaciones que serán sometidas previamente a votación en la Cámara, para luego ser enviadas al Presidente de la República, Sebastián Piñera, se enfocan en la institucionalidad y en la gestión de la entidad.

Respecto de la primera hace hincapié en lo relevante que es avanzar en el proyecto de ley que crea una institucionalidad del sistema estadístico y que se encuentra en el Senado en segundo trámite constitucional.

En tanto, sobre el segundo enuncia que "la gestión superior del INE debe recaer en profesionales altamente calificados, seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública".